La empresa estatal reclama casi 30 millones de dólares por una tasa que fue declarada inconstitucional a mediados del año pasado.
La Intendencia de Montevideo y la Distribuidora Uruguaya de Combustibles (Ducsa) de la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland (Ancap) no lograron un acuerdo este miércoles durante una audiencia de conciliación frente al reclamo de casi 30 millones de dólares por parte de la empresa estatal a la comuna, la cual había sido declarada inconstitucional el año pasado.
A mediados del año 2023, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el reclamo de la Intendencia de Montevideo por la Tasa de Inflamables. Esta sentencia habilitó a Dusca a reclamar a la comuna que le sean devueltos los montos abonados por ese impuesto, lo que le da una retroactividad máxima de cuatro años.
Este miércoles, durante una audiencia de conciliación entre el principal grupo colateral de Ancap y la Intendencia de Montevideo, no se logró un acuerdo entre las parte y la comuna informó que seguirá adelante con la demanda de recuperación, según informó El Observador a partir de fuentes de la empresa estatal.
El origen
Ducsa ganó, a mediados de junio, la oportunidad de realizar un juicio histórico contra la Intendencia de Montevideo por 50 millones de dólares. La empresa propiedad de Ancap sostenía que la IM carece de potestad constitucional para crear un tributo. A su vez, Ducsa señalaba que, en cada situación de distribución, Ancap como agente de retención retiene el monto correspondiente a la tasa municipal impugnada, abonándolo al gobierno departamental de Montevideo.
En ese sentido, la empresa consideraba que la tasa de inflamables no disponía de un servicio efectivo divisible y medible por parte de la IM hacia los contribuyentes de dicho tributo. Además, no establece el destino del dinero recaudado y no se dirige a cubrir las necesidades del supuesto servicio de contralor de seguridad de vehículos que transportan productos inflamables.
En la demanda, Ducsa también insistió en que la tasa genera una importante distinción y que grava a los dueños o remitentes de productos inflamables con el 1% del precio de venta, pero “no grava” a otros sujetos que transportan y venden otros productos similares.
