La Academia Nacional de Economía y el CED buscan realizar modificaciones normativas con aprobación del Parlamento.
La Academia Nacional de Economía presentó un proyecto que propone cambios normativos sobre el mercado laboral en Uruguay como flexibilización de horarios, análisis de productividad y competencias, cuyo objetivo final es proponer soluciones que luego sean llevadas al Parlamento.
La publicación académica lleva el nombre “Más y Mejor Trabajo” y recopila propuestas de modificaciones en las normativas laborales sobre el mercado laboral. Contiene, además, elementos como el tamaño de las empresas como uno de los puntos de partida.
La iniciativa es liderada por la Academia de Economía y su think tank Pharos, junto al Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), y respaldada por una investigación ejecutada por profesores de la escuela de negocios de la Universidad de Montevideo.
Leonardo Veiga, profesor de economía política de la Universidad de Montevideo e integrante del equipo de la Escuela de Negocios de esta universidad, que realizó esta investigación junto a Valeria Fratocchi, Sofía Harguindeguy y Santiago Madalena, informó que este es un proyecto que lleva dos años, promovido por la Academia a través de Pharos, que tiene por propósito identificar los obstáculos que enfrentan las regulaciones laborales en Uruguay y generar propuestas de solución.
El tamaño de las empresas
“El tamaño de las empresas es uno de los temas más importantes a considerar. La misma disposición laboral no tiene el mismo impacto en las grandes empresas que las pequeñas y las medianas. Y son precisamente las pequeñas y las medianas empresas las que son las grandes generadoras de empleo”, dijo Veiga a Ámbito.
Y agregó: “Uno de los problemas que se plantea es que la diversidad de empresas que quedan cubiertas por cada Consejo de Salario es muy diversa y de diversidad creciendo. Entonces, la misma resolución de un Consejo de Salarios no tiene el mismo impacto en una empresa que en otra. Hay que tratar de ver de qué manera se cambia la forma de trabajar, de forma de respetar esa diversidad”.
El proyecto propone cambios en las normas en materia de jornada de trabajo, el tamaño de las empresas en la forma de descansos intermedios, en la forma en que se administra las licencias, en la forma en la que se agrupan los sectores de actividad en los Consejos de Salarios.
Además, se propone pasar de categorías basadas en tareas a categorías basadas en competencias, normas en materia de cómo una empresa se puede descolgar de un consejo pasando a mecanismos de descuelgue automático bajo el análisis de la estructura de costos, entre otros ítems.
Se propone que si el trabajador y el empresario acuerdan un régimen de 40 horas semanales, en principio, el trabajador y el empresario pueden definir que esas horas se van a distribuir de una forma no homogénea, flexibilizando el formato en que las cumple.
La productividad es otro de los temas planteados
Partiendo del debate sobre la definición, se manejan ejemplos que explican la diversidad del concepto. “Por ejemplo, a un vendedor se le paga por productividad. Tiene un fijo, pero en esencia, la gruesa de sus ingresos es en función de lo que está vendiendo”, precisó Veiga.
Al respecto, indicó: “Y lo que los empresarios decían es que para que haya pago por productividad se tienen que cumplir dos condiciones fundamentales. La primera es que, y eso era así una demanda de la empresa, es, yo recurro al pago por productividad cuando no puedo controlar lo que el trabajador hace”.
“O sea, a un vendedor le tengo que pagar por productividad porque de nada sirve que esté arriba de él para que venda más. Tiene que surgir espontáneamente. Ahora, alguien que está en una línea de montaje y tiene que apretar una tuerca, el ritmo de trabajo no lo define él. Entonces, yo no necesito hacerme un pago por productividad para asegurarme que su trabajo está bien hecho”, añadió Veiga.
En esa línea, apuntó: “Los empresarios dicen, muy bien, supongo que fijáramos un sistema de pago por productividad. Cuando la productividad aumenta, se supone que tendría que aumentar el pago. Y cuando la productividad baja, ¿le bajan los sueldos?”.
El informe, que contiene además una encuesta dirigida a los empresarios, expresa que el 33% está muy alineado a las pautas salariales establecidas por el Poder Ejecutivo, pero cuando se refiere a micro, pequeñas y medianas empresas, el porcentaje está en el 14%.
Consultado sobre el involucramiento en el establecimiento de esas pautas, en el caso de las grandes empresas ronda el 50%, pero entre las Pymes llega a ser casi nulo.
La valoración de Mieres
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, consideró el trabajo como valioso y agregó que “hay una reflexión académica, profunda, seria, rigurosa y exhaustiva, pero después hay un aterrizaje concreto, mirando lo que debe ser posible hasta redacciones de anteproyectos de ley y temas concretos que están vinculados con lo que desde la mirada de quienes realizaron este trabajo implican mejoras para generar más y mejor trabajo en nuestro país”.
“La gran virtud de este trabajo es que pone el tema arriba de la mesa sin temor, que incorpora una gran variedad de temas y además presenta propuestas muy concretas de corto, mediano y largo plazo. Es interesante porque además esta reflexión se presenta en un contexto que es de franca recuperación del empleo, con indicadores sensiblemente mejores que los que teníamos en los años anteriores, incluso en los años previos a la pandemia”, señaló Mieres.
