La reforma constitucional que promueve la central sindical afectaría la estabilidad económica y financiera del país, coinciden expertos.
La reforma constitucional de la seguridad social que promueve el PIT-CNT a través del plebiscito que se votará en octubre, junto a las elecciones generales, tendrá serias consecuencias para la estabilidad económica y financiera del Uruguay, coinciden analistas.
Una de ellas es la pérdida del grado inversor que el país alcanzó el año pasado y que es una de las razones por las que Uruguay atrae inversiones y coloca bonos globales en los mercados internacionales con condiciones competitivas.
Es unánime la advertencia de que, de prosperar la reforma constitucional de la seguridad social que, entre otras cosas, establece el fin de las AFAPs y baja la edad de jubilación de 65 a 60 años, la pérdida de la calificación crediticia del país será casi inmediata.
La pérdida del grado inversor repercutiría en una suba del riesgo país de Uruguay, el cual es actualmente el más bajo de América Latina. El spread soberano se elevaría de los actuales 86 puntos hasta al menos los 200. “Eso implicaría una caída inmediata de los bonos uruguayos en torno al 10%”, señaló el economista Aldo Lema en su cuenta en X.
La ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, advirtió ayer sobre este punto al asegurar que, de aprobarse el plebiscito del PIT-CNT, “el país pasa a otra categoría”.
«No tiene mucho sentido valuar en términos de números lo que puede ser aumentos de impuestos, de las contribuciones de los trabajadores o los empresarios, porque directamente es un cambio de escenario, es un romper las reglas de juego que es algo que no caracteriza a nuestro país», consideró.
El último informe realizado por el Banco de Previsión Social (BPS) respecto a la reforma constitucional de la seguridad social proyectó que las modificaciones planteadas por la iniciativa del PIT-CNT elevarían el déficit fiscal hasta el 8% ya que implicaría para el Estado un gasto anual adicional de u$s 1.000 millones para equiparar las jubilaciones más bajas al salario mínimo.
