El país necesita más desarrollo e inversión, pero no tiene espacio fiscal para aumentar el gasto, los impuestos o la deuda. ¿Qué hacer entonces?
La compleja situación fiscal de Uruguay es un tema que no solo está en el centro de la mesa del debate político entre autoridades y partidos, sino también en un lugar principal de las investigaciones de analistas, que buscan alternativas para acomodar las cuentas públicas sin que esto tenga un impacto directo negativo en la ciudadanía. Entre un déficit elevado, la imposibilidad de subir impuestos y la necesidad de mejorar la competitividad del país, ¿qué alternativas surgen?
A partir de este escenario es que investigadores del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) pusieron el foco en el gasto público, particularmente en la necesidad de analizarlo de modo de hacer un uso de los dineros públicos más eficiente y eficaz para poder invertir en las áreas necesarias para el desarrollo nacional, sin que ello signifique incrementar la presión impositiva sobre la población o elevar los niveles de deuda ya altos.
La economista Florencia Betancor, coordinadora de investigaciones de Ceres, sobre el proceso, los resultados y algunas cuestiones que derivan del documento final denominado “La transformación del gasto público en Uruguay”.
¿Por qué centraron el análisis en el gasto público, en primer lugar?
– El origen fue este dilema que enfrenta el país de que, por un lado, necesita mayor inversión pública en áreas clave para el desarrollo y en las que está rezagado; pero, por el otro lado, no hay espacio fiscal para aumentos. Todo eso plantea la situación de que no nos podemos dar el lujo de no estar gastando de la mejor manera, y ahí la necesidad de gastar de manera más eficiente y eficaz. Por eso planteamos la necesidad de desarrollar un plan de transformación de gasto público.
¿Cómo fue el proceso de desarrollo de este plan de transformación?
– Lo que hicimos fue hacer una búsqueda de las prácticas internacionales, porque hay una realidad de que es un desafío que enfrentan muchas veces los países. Usamos las mejores prácticas internacionales en ese sentido y la conclusión final a la que llegamos es que Uruguay tiene una metodología de presupuestación que sigue una lógica diferente a la de estos países, porque asigna presupuesto por organismo en lugar de presupuesto por resultado. En ese sentido, una mejora a trabajar en el largo plazo es realizar el gasto en función del desempeño del área, pero mientras tanto se puede seguir avanzando en otros puntos.
Por ejemplo, en una revisión general, exhaustiva, constante y profesional del gasto, que es otra práctica que hacen estos países que analizamos, para identificar mejoras de eficiencia en áreas. En nuestro caso, debido a los desafíos que presentó la cantidad de información entre los diferentes organismos, desarrollamos un modelo de Inteligencia Artificial (IA) para abordar los cometidos, objetivos y demás de los organismos del Gobierno Central.
Así fue que identificamos distintos niveles de fragmentación institucional, es decir, organismos y áreas que tienen los mismos cometidos o temas de relevancia como Vivienda, Primera Infancia o Investigación y Desarrollo que están diseminados en diferentes entidades y que, en consecuencia, implica ineficiencias en el gasto. Entonces reducir esta fragmentación sería lo más inmediato en lo que se puede avanzar.
Una de las cuestiones que se desprenden del informe es que, en muchas áreas analizadas, el gasto es mayor en personal que en inversión. ¿Qué impacto tendría una mejora respecto de la fragmentación institucional en términos de empleo?
– No necesariamente la solución para la fragmentación es suprimir oficinas o programas. Capaz que esa sea la mejor opción en algunos casos, nosotros hacemos el paso inicial de detectar ciertas áreas pero después hay que ver los efecto que esto está teniendo y cuáles son las mejores opciones entre la que se manejen para solucionarlo. A veces es mejorar la coordinación, reorganizar el personal para que vaya más enfocado hacia un lado u otro, o consolidar programas.
Los países desarrollados también tienen un fuerte componente de empleo público sobre la masa laboral total, por eso no digo que nuestros números sean elevados y que haya que hacer un recorte, sino que hay algo para analizar posteriormente en detalle. Más personal quizás habla de que se necesita mayor inversión, no necesariamente menos empleos. La idea es complementar y poder utilizar toda la información, ponerla sobre la mesa en año electoral para que el próximo gobierno pueda tener todas estas cuestiones presentes.
En este escenario que describen como punto de partida, ¿cómo influye, por un lado, una posible aprobación del plebiscito del PIT-CNT y, por el otro, el ajuste en las proyecciones fiscales del gobierno?
– Es un hecho que el plebiscito sería una gran dificultad o agravaría aún más la situación fiscal. Esto no estuvo en el análisis porque es una situación actual, pero hablamos de que venimos por un camino hacia el desarrollo y de dar ciertos pasos para impulsarlo aún más; y si se aprobase el plebiscito sería una especie de retroceso en ese camino por el que se viene avanzando más allá del partido político que gobierne.
En cuanto al ajuste de las metas, es parte de cómo está diseñado el sistema. De todos modos, el país viene implementando ciertas mejoras en lo que es el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal en las últimas dos décadas. Si bien todavía nos falta y hay que apuntar a mejorar, se ha ido avanzando y mejorando en varios sentidos, está bueno que se reconozca y se complemente con otros avances que incluso otros países de la región han tenido en cuenta.
Hablando de otros países de la región, en Argentina también se está dando un proceso de transformación del Estado y el gasto público. ¿Visualizan alguna similitud entre ese proceso y el que Uruguay necesita?
– Hay ciertas cuestiones que no están tan sobre la mesa en Uruguay, y esto es un puntapié inicial para tenerlas en cuenta. Sin dudas que no está en el imaginario una reestructura como la que atravesó Argentina, pero sí en cuestiones a nivel micro. Por ejemplo, un área que estuvimos analizando es la de apoyo a pymes, que se suele hablar mucho de que éste no es suficiente. Identificamos 11 entidades vinculadas pero desagregadas, que hace que se diluyen las responsabilidades o no se coordine de la mejor manera la asignación de fondos. Apuntamos a una mejor coordinación, a un plan nacional que nos permita avanzar en ciertas cuestiones que ahora nos están faltando. No es la eliminación de un ministerio.
