El proyecto que regula la actividad es defendido por la Cámara Inmobiliaria, pero reúne críticas por parte de la Cumei.
La ley de operadores inmobiliarios llega a Diputados este martes, luego de atravesar un año de discusión en la Comisión de Constitución, para ser sometida al voto de los parlamentarios en medio de una polémica donde la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU) reclama su aprobación y la Cámara Uruguaya de Marcas y Empresas Inmobiliarias (Cumei) la rechaza.
En noviembre del año pasado fue aprobada en comisión de Diputados la ley de operadores inmobiliarios con el apoyo de todos los partidos integrantes. Finalmente, este martes llega a la Cámara Baja para ser sometida a votación. La discusión del proyecto enfrentó a dos cámaras del sector donde una la cuestiona fuertemente y la otra remarca la importancia de que se apruebe.
El objetivo de la ley es organizar la actividad en el sector, el mismo aparece en el artículo 1 donde se establece que el objeto de la ley es el de regular el ejercicio de la actividad profesional a nivel inmobiliario, la cual está desarrollada por agentes, brókers, comisionistas, corredores, empresas prestadoras o prestadores de servicios inmobiliarios y turísticos, y operadores.
Libre competencia
La ley establece que todos los integrantes del sector serán aglutinados como «operadores inmobiliarios» en el marco de la defensa de la libre competencia. Además de la definición, se dejan establecidos los requisitos para ejercer como tal, así como sus derechos y sanciones previstos de obligaciones por el incumplimiento de la normativa.
Asimismo, la iniciativa legislativa declara de interés general y nacional la actividad inmobiliaria por su contribución al desarrollo de la economía del país.
Entre los otros puntos destacados, el artículo 8 crea el Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, que funcionará en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y será administrado por una comisión honoraria compuesta por tres integrantes del Poder Ejecutivo, así como dos integrantes de las gremiales representativas del sector.
El rechazo de la Cumei
A finales del mes de abril, la Cumei comunicó su «frontal rechazo» al proyecto de ley de operadores inmobiliarios. A través de un comunicado, la organización mostró su férrea oposición al proyecto y desmienten que todo el sector tenga una buena percepción y comparta la iniciativa parlamentaria.
En la misiva, señalan que las empresas de la Cámara consideran «muy importante» que el Parlamento regule la actividad, pero se oponen que lo haga desconociendo los aportes que se hicieron desde la Cumei para no poner en peligro «la fuente directa de trabajo de 700 familias uruguayas» y otros puestos indirectos.
Asimismo, sostienen que el proyecto de ley incluye aspectos inconstitucionales, de acuerdo al dictamen del catedrático Martín Risso, y que las redacciones alternativas no fueron contempladas por el Poder Legislativo.
«Vemos con gran preocupación que nuestros argumentos y aportes no han sido considerados», continúa el documento, que asegura que «algunos sectores parecen empeñados en un régimen corporativo que limita para el futuro el ingreso a la misma de los que hoy integran ciertas asociaciones que nuclean a un grupo de inmobiliarias ya establecidas».
Según la Cumei el tratamiento de la ley por parte de Diputados «ignora la realidad de una parte importantísima del mercado inmobiliario uruguayo», ya que «no contempla en modo alguno» la actividad de sus empresas, «ni sus modelos de negocios, ni la realidad de los 700 operadores inmobiliarios que actúan en Uruguay bajo esta modalidad desde hace más de diez años».
La insistencia de la CIU
Por su parte, desde la CIU insisten en la aprobación del proyecto de ley. «Lo que queremos es formalizar y profesionalizar el sector. Eso consiste en hacer un registro de operadores inmobiliarios el cual esté bajo la órbita del Ministerio de Trabajo con una comisión que con tres integrantes del Ejecutivo y dos personas de las gremiales que sean los encargados de expedir las matrículas y cobrar los registros, ver que todos los operadores estén trabajando correctamente, sancionar en el caso que sea necesario y también lo que nosotros consideramos importante en esa comisión es la creación de un observatorio inmobiliario”, dijo el vicepresidente de la CIU, Matías Medina.
Respecto a esto, desde la cámara afirman que el sector alcanzó un 60% de informalidad, un porcentaje que aumentó durante la pandemia. Este informalismo, aumenta implícitamente la predisposición a la evasión tributaria y la desprotección de los trabajadores del sector. «Viene a profesionalizar el sector como existe en todos los países del mundo. Acá tenemos desde una carrera de operador inmobiliario a nivel terciario, que tiene 1.664 horas de formación, cuatro semestres que la idoneidad para poder trabajar de forma profesional», agregó Medina.
