Uruguay enfrenta un aumento preocupante de la pobreza, con 353,000 personas en hogares pobres y 129,000 niños vulnerables. Bajo la administración de Lacalle Pou, los precios de productos básicos han aumentado drásticamente. Se necesitan acciones urgentes y coordinadas para abordar esta crisis humanitaria y económica.
Según datos revelados en el año 2022, la situación en Uruguay es alarmante: 353 mil personas se encontraban viviendo en hogares pobres, de las cuales más de 129 mil eran niños vulnerables, una cifra que revela una realidad preocupante en el país.
Uno de los aspectos más inquietantes es el impacto directo en el mercado laboral: de cada 100 personas sumidas en la pobreza un 29.3% son trabajadores, lo que evidencia las dificultades para acceder a empleos dignos y bien remunerados. Bajo la administración del Presidente Lacalle Pou, los problemas se han agravado, como lo demuestra el alarmante aumento del precio de la garrafa de 13 kilos que se disparó en un 72%.
Los indicadores económicos arrojan que durante los quince años del gobierno del Frente Amplio (FA), el aumento de precios fue moderado, con un incremento del 21.9%, equivalente a 1.5 dólares por año. Sin embargo, en solo cuatro años de gestión de Lacalle Pou, el mismo aumento se disparó a 34 dólares, representando un incremento anual de 8.5 dólares, lo cual impacta severamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos.
El costo de la vida alcanza niveles insostenibles para muchas familias uruguayas. En el último año, los precios de productos básicos se dispararon de manera desproporcionada: la papa aumentó un 61.7%, el tomate perita un 59.8%, y las manzanas entre un 44% y un 55%. Incluso productos esenciales como los huevos experimentaron un aumento del 20%, afectando directamente el presupuesto de los hogares.
El retorno a cifras de dos dígitos en pobreza, alcanzando un 10.4%, es una señal inequívoca de que las políticas implementadas hasta el momento no han sido efectivas. La realidad es aún más desoladora al saber que hay 40 mil personas más en la pobreza que en 2019, un retroceso preocupante para un país que aspira al progreso y la equidad. En un intento por mitigar la crisis, el gobierno optó por generar empleos informales a través de los jornales solidarios, representando el 90% de los empleos creados en el último año, lo que plantea serias dudas sobre la estabilidad y seguridad laboral de los trabajadores.
Mientras tanto, la creciente población en situación de calle y los alarmantes niveles de violencia contra niñas y niños plantean una crisis humanitaria que no puede ser ignorada. Resulta aún más preocupante el hecho de que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) haya decidido eliminar psicólogos, asistentes sociales y educadores de refugios para personas en situación de calle, dejando a los más vulnerables sin el apoyo necesario para enfrentar sus necesidades.
El país enfrenta una crisis estructural que requiere acciones urgentes y coordinadas por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto. Es imperativo implementar políticas efectivas que aborden tanto la pobreza estructural como el descontrol de precios, al tiempo que se garantiza la protección y el apoyo a los más vulnerables en la sociedad. La recuperación económica y social del país depende de ello.
