Con el objetivo de aumentar sus ingresos, el organismo le presentó al gobierno tres posibles soluciones.
La Caja de Profesionales se reunió con el Poder Ejecutivo para poder presentarle tres posibles soluciones legislativas con el objetivo de mejorar la situación financiera del organismo y poder intercambiar con el gobierno ideas, como así también remarcar la predisposición para el intercambio de información sobre las decisiones y propuestas de la caja.
Los anteproyectos fueron compartidos también con las asociaciones de profesionales en una reunión liderada por el Dr. Vet. Daniel Alza y la Cr. Virginia Romero. Allí, se trataron temas como la posibilidad de jubilación por edad avanzada, la reducción de intereses moratorios en timbres y la refinanciación de deudas.
Con el objetivo de aumentar los ingresos del organismo, se presentaron tres posibles soluciones. La primera de ellas es un proyecto de ley que permita un pago de deuda más fácil y otro para reducir los intereses moratorios en los timbres del artículo 71.
Por otro lado, también se propusieron cambios en los requisitos para la jubilación avanzada, lo que le permitiría a aquellos que cumplen con ciertos criterios puedan percibir una jubilación compatible con otras. Además, se planteó la posibilidad de ajustar los valores de los timbres por el Índice Medio de Salario con el objetivo de evitar descalces entre ingresos y egresos.
Las últimas acciones con la caja
El año pasado, en la sesión que tuvo lugar el 23 de noviembre, el directorio de la Caja de Profesionales rechazó la posibilidad de “solicitar al Poder Ejecutivo un préstamo puente de 300 millones de dólares” con el propósito de “permitir el acometimiento de acciones”, tales como préstamos sociales e inmobiliarios, que generarían “utilidades que permitan su pago oportuno”, del mismo modo que “lo hacen los estados con organismos financieros internacionales”.
El directorio también rechazó la opción de “encarar a la mayor brevedad posible una campaña de captación de afiliados con declaración de no ejercicio”, que se estiman en 100.000, o por incrementar las acciones tendientes a recuperar “el dinero que por morosidad de diferentes deudores” corresponde a la Caja de Profesionales, entre otras medidas alternativas.
En la sesión del 30 de noviembre, en tanto, el directorio aprobó el aumento del 2% en la tasa de aportación, que pasará del 16,5% al 18,5% a partir del 1° de enero de 2024, y que regirá por un año, en principio.
La mayoría del directorio basó su decisión en la ley de la reforma de la seguridad social, la cual establece que ante “resultados operativos deficitarios” las cajas paraestatales “deberán” implementar “las medidas precautorias inmediatas necesarias con la finalidad de detener y revertir la descapitalización observada”. La normativa faculta a las autoridades de los organismos previsionales a disponer “un aumento de hasta dos puntos porcentuales de las alícuotas de aportación”.
Asimismo, sostuvieron que el aumento “era la única medida que podía tomar el directorio” tras el rechazo a la reforma del gobierno en el Parlamento; a pesar de que ahora se conoce el paquete de medidas alternativas que el mismo directorio rechazó una semana antes de avanzar con la modificación en la tasa de aportación.
