El IPC bajó de manera notoria en el último año, mientras los alimentos suben por encima del promedio y afectan más a las familias de menores ingresos. Problemas de competitividad.
La tasa de inflación anual a febrero bajó a 4,7%, sumando el noveno mes consecutivo dentro del rango meta establecido por el Banco Central del Uruguay (BCU), que va de 3 a 6%. Es la primera vez que la inflación se mantiene un periodo tan largo dentro del rango, un logro significativo de la autoridad monetaria, que reafirmó que se mantendrá en ese umbral en los próximos dos años.
Sin embargo, no todos opinan lo mismo: las expectativas de inflación -si bien también han bajado- siguen estando claramente por encima del dato efectivo y medio punto por encima del valor máximo del rango meta. En efecto, en la última encuesta de expectativas empresariales de inflación que divulga el Instituto Nacional de Estadística (INE), la mediana de los empresarios espera que sea de 6,5% para el próximo año; es un descenso de medio punto respecto al mes previo y la primera baja en las expectativas en varios meses, pero aun así está por arriba del objetivo. No muy lejana aparece la proyección de los analistas consultados por el propio BCU, cuya respuesta mediana de proyección de inflación es 6,2% para este año.
Las causas de la baja reciente de la inflación son varias y están interrelacionadas. En el análisis directo de la propia política monetaria, el BCU mantuvo la tasa de interés en el 9% en la última reunión del Comité de Política Monetaria (Copom), apuntando no solo a bajar la inflación sino también las expectativas, que -como vimos- se resisten. Esto ha reafirmado el sesgo contractivo de la política monetaria, lo que está teniendo claro reflejo en el dato de inflación.
Política monetaria, actividad y competitividad
Una política monetaria contractiva -por definición- afecta negativamente la actividad. En Uruguay, hay cierto consenso de que este efecto se da principalmente a través del canal cambiario, con una baja del dólar que afecta la competitividad (y con ello la actividad). El canal de crédito se considera menos relevante -la base monetaria del Uruguay es reducida respecto a la economía-, aunque esto puede cambiar (el crédito en pesos se ha expandido en varios sectores). En cualquier caso, como dijo recientemente el propio presidente del BCU, Diego Labat, el canal cambiario también es parte del efecto de la política monetaria.
Con una tasa de interés en pesos a un año en torno a 9% en las Letras de Regulación Monetaria (LRM), se vuelve bastante más atractivo colocar en pesos, a pesar de que ha habido un cierto aumento en la tasa de interés en dólares en el último año en el mercado financiero local. Así, la cotización del dólar permanece estable y el Tipo de Cambio Real baja (5% interanual en el último dato, 17% de caída en los últimos 2 años). Para los exportadores de bienes y servicios y las empresas que compiten con los importados en el mercado local, es un escenario difícil.
La economía también se ha visto afectada por la sequía y el impacto de la crisis argentina, con obvio efecto deflacionario en Uruguay. Con la cantidad de uruguayos que se ha ido al país vecino en los últimos meses -que han adquirido productos y servicios diversos allí-, hay una menor demanda y presión sobre los precios locales; ha sido especialmente visible el impacto en el rubro tocador y farmacia: ante las voluminosas compras en el exterior, no parece fácil para el sector farmacéutico y cosmético local subir los precios. En prendas pasa algo parecido: entre la competencia argentina y la baja del dólar, los precios de vestimenta y calzado cayeron casi 8% en Uruguay en el último año, según el INE.
Así, la lucha contra la inflación está resultando exitosa en el corto plazo, aunque -como dijimos hace unas semanas- la batalla continúa. No hay que desconocer que en la brega por bajar la tasa de inflación se despliega una puja distributiva, en la que presiona el trabajo organizado (sindicatos) exigiendo la preservación real del salario (cuando no aumentos), mientras algunos empresarios tienen la posibilidad de trasladar a precios -en cierta proporción- los aumentos de costos salariales. Pero no todos: los que compiten con el exterior, toman precios internacionales (soja, madera, noches de hotel o servicios de software); si los precios de venta bajan y los costos suben, achican o cierran. Los sectores transables son los primeros afectados por el atraso cambiario; pero a mediano plazo el impacto es general.
¿Y los alimentos?
Mientras la inflación baja, muchos ciudadanos no tienen esa percepción, pues observan aumentos importantes, mes a mes, semana a semana, en varios artículos de consumo habitual, notoriamente los alimentos. Y están en lo cierto: han subido por encima del índice promedio en los últimos años (gráfica). Los alimentos son casi 25% de la canasta de consumo promedio (reflejada en el IPC); en el caso de las familias de menores ingresos (con consumo más acotado) esa ponderación es lógicamente mayor.
Aun así, no todos los alimentos evolucionaron igual y hay cierto “margen de maniobra”: si un producto sube de manera excepcional, su consumo caerá (siempre que haya alternativas razonables). En el último año, los panificados subieron 7% y los lácteos 6%, pero las carnes frescas bajaron 1%. Las verduras y hortalizas (después de haber subido mucho) se estabilizaron, aunque con grandes variaciones entre ellas. Pero las frutas tuvieron una suba anual de 30%, empujando -ellas solas- casi medio punto al alza al IPC.
Se podría plantear que los alimentos son bienes transables y que, por lo tanto, deberían arbitrar con los precios externos, de lo cual se deduciría que el denunciado atraso cambiario no es tan grave, porque estos transables están subiendo por encima del IPC promedio. El problema -tal como lo han reflejado estudios de Opypa-MGAP en su momento- es que los precios de las frutas y verduras se comportan más como no transables. En parte porque son bienes perecibles y cuyo componente de costos en el precio al consumidor es mayoritariamente servicios (mercado mayorista, transporte, gestión de stock, costos minoristas, impuestos). Como se ha dicho más de una vez, la lechuga que se vende al público a 50 pesos, se paga 5 pesos al productor.
Pero hay más: las frutas y verduras son productos protegidos comercialmente en Uruguay; no hay libre importación, pues el acto de importar (que debería ser abierto, libre, aún con o sin aranceles) está sujeto a la disponibilidad de permisos sanitarios (llamados Afidis). Esto es un problema serio para los consumidores de estos productos, pero también para la economía en general, dada la incidencia de las frutas y verduras en el IPC (3,6% del total).
La volatilidad y los precios
Un estudio reciente de CPA Ferrere aborda este tema y, en primer lugar, destaca que la volatilidad de los precios de frutas y verduras es mayor que en otros países. Esto no debería extrañar: sin posibilidad de importar abiertamente, la oferta (y los precios) depende de la producción local, pequeña por definición.
El valioso estudio elabora un escenario de evolución del IPC con apertura de importaciones de frutas y verduras desde Brasil (lo denominan IPC contrafáctico) y concluye que el IPC promedio en Uruguay habría estado 0,6% anual por debajo del observado, en los últimos años. Es una diferencia enorme para un índice de inflación. Y el impacto de la protección podría ser mayor si se consideraran los efectos de los shocks de aumento de precios en frutas y verduras, en los reajustes en el resto de la economía. Uruguay es una economía con mucha indexación y esta situación en el mercado granjero agrava el problema.
Por supuesto (CPA Ferrere lo menciona) el sector granjero tiene una alta relevancia social y su influencia en los tomadores de decisiones políticas. Una vez más, se abre el dilema ante el desafío de la apertura comercial: protección para un sector o beneficio para el conjunto.
Cabe mencionar que el hecho de que los precios de frutas y verduras tiendan a comportarse más como no-transables, no quita que una mayor apertura de mercados en este sector derive en precios menores para el consumidor (y seguramente menor inflación).
Es un ejemplo (hay otros, como el combustible) donde una mayor audacia para abrir mercados reportaría beneficios; y Uruguay es capaz de hacerlo con la contención suficiente a los sectores afectados en el corto plazo.
